La firma del pacto fiscal entre Nación y las provincias a fines de 2017, un intento del macrismo de imponer parcialmente una reforma tributaria integral que no iba a prosperar en el Congreso, le puso fecha de caducidad a las cooperadoras asistenciales salteñas al establecer la eliminación a partir de noviembre de 2019 del impuesto específico que las financia.
Ante el inminente final que representa para estas instituciones, porque se quedarían directamente sin recursos, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que les asigna un cuatro por ciento de lo recaudado por el impuesto a las Actividades Económicas, también conocido como Ingresos Brutos.

Según explicó el diputado Mario Vilca, uno de los autores de la iniciativa, con ese nuevo coeficiente se dispondría de una cifra similar, incluso levemente superior, a la que actualmente perciben las cooperadoras, que en el presupuesto provincial de 2019 tiene un estimado de 434.933.406 de pesos.

Una de las novedades que tendría la nueva ley es el criterio que se usará para el reparto de los fondos, basándose en el coeficiente utilizado para la coparticipación provincial, que repercutirá en una mejora para las cooperadoras del interior con respecto a la de la Capital.

Actualmente la distribución toma como referencia el domicilio de los contribuyentes, considerando que la mayoría de las empresas están radicadas en la ciudad de Salta, a dicha cooperadora se le otorga un monto superior al resto.

De esta manera la cooperadora “Roberto Galli”, de la ciudad de Salta, recibe más de la mitad del total recaudado por la provincia.

A la institución que actualmente preside Pablo Outes le giraron en los primeros siete meses del año 156.686.535 pesos, lo que representa un promedio de más 22 millones mensuales y que proyectado a diciembre significarán 268 millones.

En tanto, a la cooperadora de Orán le llegaron 12.975.973 millones de pesos en los primeros siete meses; a Tartagal, 9.298.511 y a Rosario de Lerma, 5.020.625.

De aplicarse el nuevo coeficiente propuesto, Salta hubiese percibido en ese mismo lapso 106 millones, Orán 19 millones, Tartagal 16 millones y Rosario de Lerma casi 6 millones. Si bien sigue siendo considerable la diferencia de lo que recibe Capital con respecto a las otras localidades, es sustancial la mejora que llegará a los municipios más chicos.

Tomando como referencia todo 2018, la provincia giró a los municipios para sus cooperadoras 366.622 millones, de los que 211 millones fueron a la Capital, 17 millones a Orán, 12 millones a Tartagal y 6 millones a Rosario de Lerma.

Mayores controles

Otra modificación que tendría la nueva normativa refiere al control y rendición de los gastos de las cooperadoras, sobre los cuales ahora solamente la Auditoría General de la Provincia tiene injerencia.

El proyecto propone que al circuito de control de las rendiciones también lo integre el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, facultándolo a suspender la distribución de fondos a aquellas cooperadoras que no cumplan con las rendiciones de fondos correspondientes.

Las cooperadoras asistenciales fueron creadas por la Ley 5335 en 1966 con la finalidad de asistir las necesidades prioritarias sociales y sanitarias en cada municipio y de esta manera evitar que esta ayuda sea centralizada solo por el gobierno provincial.

Sin embargo, en los últimos años no fueron pocas las sospechas y denuncias sobre el uso incorrecto, clientelista y discrecional de fondos de las cooperadoras, lo que se intensifica durante los períodos electorales.

Así, por ejemplo, respecto de la cooperadora de la ciudad de Salta, en 2016 los concejales pidieron informes sobre $ 8 millones que fueron colocados a plazo fijo, dejando inutilizados fondos que debían usarse para asistencia social. Según explicó en ese momento Outes, se trataban de adelantos y excedentes que fueron depositados con esta modalidad para que no perdieran valor por la inflación.

En tanto, el año pasado los diputados provinciales radicales pidieron a la Justicia que investigue una serie de gastos que no responderían al objetivo de asistencia de la institución, como el pago de pauta publicitaria a medios locales.

Actualmente la cooperadora de Salta cuenta con 11 programas. Algunos son de asistencia directa como la “Farmacia Social” o la “Copa de Leche”, con el que se da desayuno y merienda a alumnos de escuelas y colegios de la ciudad y por el que recibe un monto anual extra desde el Ministerio de Educación provincial de $ 65 millones.

Otra de las aristas a atender ante la posible desaparición de las cooperadoras es la cantidad de empleados que trabajan en ellas y que quedarían en la calle si cerraran.

Solo Salta capital tiene un plantel de 300 trabajadores, entre planta permanente y diferentes modalidades de contrato, que se manifestaron preocupados frente la Legislatura el martes pasado y por lo que mantuvieron una reunión con los diputados.

En principio el proyecto se trataría en la Cámara Baja durante la sesión del 17 de este mes, de aprobarse deberá obtener la otra media sanción en el Senado de forma urgente para que entre en vigencia antes del 1 de diciembre, cuando se eliminará el impuesto.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here